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La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), ha manifestado su preocupación ante la actual situación entre Minera Panamá y el Estado, en relación a la continuidad de las operaciones de Cobre Panamá. En un comunicado, el gremio ha expresado que comprende que el proceso de negociación en torno a la operación de una mina de la magnitud de Cobre Panamá es complejo y que las partes pueden adoptar posiciones de presión en busca del mejor beneficio posible. Sin embargo, el gremio ha advertido que los mecanismos de negociación no deben poner en riesgo la continuidad de las operaciones de la empresa ni generar consecuencias negativas para los empleados, los proveedores, las comunidades y la economía del país en general.
El gremio ha señalado que la suspensión de las operaciones de Cobre Panamá o la falta de acuerdo entre las partes tendrían repercusiones negativas para los más de 2,000 proveedores nacionales que facturan cerca de $900 millones anuales a Minera Panamá y que de allí pagan impuestos, prestaciones, salarios, obligaciones financieras y servicios que ya no entrarían a hacer parte del movimiento económico nacional. Además, se verían afectados los más de 7,000 empleos formales directos de la mina, los más de 40,000 empleos formales indirectos que genera la cadena de proveedores y las comunidades que se benefician directamente tanto en lo económico como en lo social, de la operación de la mina.
El gremio también ha advertido que la situación generaría un efecto reputacional negativo a nivel internacional para Panamá, lo que dañaría la confianza para futuras inversiones extranjeras en el sector minero y otros sectores económicos clave, así como el grado de inversión del país. El gremio ha hecho un llamado a la reflexión para que se propicien las condiciones necesarias y razonables, para que mediante el diálogo y sin llegar a situaciones extremas de presión, se concluya con la firma de un acuerdo de beneficio mutuo y se elimine la incertidumbre y zozobra generada a nivel nacional.
