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En una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público de Panamá, se ha logrado desarticular una peligrosa red criminal dedicada al Hurto Agravado de computadoras de autos y asociación ilícita. El operativo denominado «Trípode II» culminó con la detención de ocho personas, incluido el líder del grupo y su cónyuge, quienes operaban en el distrito de San Miguelito, el área Metropolitana y la provincia de Panamá Oeste.
Luego de una intensa investigación que se prolongó por dos años, las autoridades llevaron a cabo 30 diligencias de allanamientos y registros en las residencias de los miembros del grupo delictivo, así como en más de 10 talleres de reparación de autos, que eran propiedad de los arrestados y utilizados para comercializar las computadoras robadas.
Según las investigaciones, la red delictiva operaba de manera nocturna y en horas de la madrugada para robar las computadoras de los vehículos. Posteriormente, las llevaban a un local comercial en Pueblo Nuevo, propiedad de un extranjero cómplice, donde se vendían al público.
Uno de los detalles más preocupantes es que el cabecilla del grupo, una vez en posesión de las computadoras robadas, aplicaba un sello de hecho en las mismas y las embalaba para venderlas como nuevas a los propietarios originales de los vehículos. Estas computadoras modificadas se vendían a precios estimados entre 300 a 600 dólares, engañando a los dueños y afectando su patrimonio económico.
Durante el operativo, se logró decomisar una gran cantidad de computadoras de autos, así como accesorios y elementos de embalaje utilizados para el fraude, como plásticos, cajas y stickers.
Las autoridades están trabajando para esclarecer todos los detalles de la operación delictiva y recabar más pruebas que permitan presentar cargos formales contra los involucrados. Se espera que con esta importante acción policial, se disminuyan los índices de hurto de computadoras de autos en la región y se envíe un mensaje claro a quienes se dediquen a actividades criminales similares.
La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con su compromiso de velar por la seguridad y el patrimonio económico de la ciudadanía, trabajando en conjunto para combatir la delincuencia organizada y llevar ante la justicia a quienes infrinjan la ley.
