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El Congreso peruano declaró al presidente colombiano, Gustavo Petro, como ‘persona non grata’ el 17 de febrero y solicitó al Ministerio del Interior y Exteriores que tome las medidas necesarias para impedir su ingreso al país. Esta medida se tomó después de que Petro hiciera declaraciones en las que criticaba la represión de la Policía Nacional de Perú durante una manifestación en Lima el 9 de febrero, comparando a los policías con los nazis y acusando al gobierno de romper la Convención Americana de Derechos Humanos.
El Congreso peruano consideró que las declaraciones de Petro son inaceptables y ofensivas para la PNP, el Estado peruano y el pueblo judío, al banalizar el Holocausto. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió a Petro que se concentre en gobernar su país y deje de «azuzar» a la población peruana.
Perú se encuentra sumido en una fuerte crisis política y social desde el 7 de diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso después de un intento fallido de «autogolpe de Estado». Desde entonces, la ciudadanía ha protestado por diversos motivos, entre ellos la destitución de Castillo y la salida de Boluarte de la presidencia. Las protestas han sido violentamente reprimidas por la policía, y se han registrado más de 50 muertes según la Defensoría del Pueblo.
Las relaciones entre Perú y Colombia han estado tensas desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del país. Gustavo Petro aún no ha reconocido a Boluarte como presidenta de Perú y ha expresado su apoyo a Pedro Castillo.
En respuesta, el gobierno de Boluarte expresó en diciembre su «profundo malestar» por las declaraciones de Petro, calificándolas de una injerencia «inaceptable» en los asuntos internos del país.